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El consejero de Economía destaca que esta norma pionera será “referente” en el cambio legislativo en otras comunidades autónomas

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha defendido la Ley de Sociedades Cooperativas como un instrumento normativo “eficaz y pionero, que garantiza el desarrollo y la modernización del sector cooperativo”. “Permitirá a este tipo de sociedades desarrollar en toda su extensión su actividad y competir, sin menoscabo de sus valores identitarios, en una economía avanzada”, ha remarcado.

 

Durante su intervención en unas jornadas técnicas sobre el reglamento de esta Ley, celebradas en Antequera (Málaga), el consejero, quien ha definido esta norma como “referente”, se ha mostrado esperanzado porque este texto “motive cambios legislativos en otras comunidades autónomas”.

 

Sánchez Maldonado ha destacado el trabajo de la Junta en el desarrollo de esta norma, al atender “con solidez y de manera continuada” las reclamaciones de un sector que ha alcanzado un “fuerte protagonismo” en la sociedad y la economía andaluzas en las últimas décadas.

Andalucía cuenta actualmente con cerca de 6.500 empresas cooperativas, que ocupan a 55.700 trabajadores y vinculan a más de 400.000 socios. Estas cifras la sitúan en la primera posición de la clasificación nacional en economía social, tanto en número de empresas (20% del total nacional), como en número de trabajadores que ocupa (16,7%).

 

“Éste es un sector importante no sólo por estos datos de actividad, también por la defensa de valores sociales como la responsabilidad social, la solidaridad, la participación, la sostenibilidad y la igualdad”, ha explicado el consejero, quien además ha señalado que estos valores que lo diferencian “están contribuyendo a paliar algunos de los déficits que aun persisten en la economía andaluza”.

 

Se trata, como ha indicado el titular de Economía, de un sector que genera empleo estable y de calidad, ya que más del 66% de sus trabajadores tienen contrato indefinido; que fomenta la inclusión de jóvenes y mujeres, como socios o como trabajadores, y que además es “un factor clave” en la cohesión social y territorial de Andalucía.

 

Por todo ello, ha asegurado Sánchez Maldonado, la economía social “ha sido y seguirá siendo un factor estratégico en la política económica del Gobierno andaluz”. Este respaldo se ha puesto de manifiesto con esta nueva normativa y con otras iniciativas recientes como la renovación del Pacto por la Economía Social, con más de 280 actuaciones ejecutadas y que han supuesto una inversión superior a los 67 millones; el nuevo Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de Economía Social (2014) y el apoyo a 1.200 proyectos empresariales de economía social a través de la Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial y a través de los Fondos Reembolsables con incentivos por valor de 27 millones, que han permitido el mantenimiento y la creación de más de 30.500 puestos de trabajo.

 

Según palabras del consejero, “todas estas iniciativas suponen un fuerte respaldo a un sector que debe jugar un papel clave para superar las dificultades de la crisis económica y para hacerlo en las mejores condiciones posibles”. “Con un modelo productivo más estable, participativo, democrático y respetuoso con los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras”, ha agregado.

 

Modelo de cooperativas referente

Igualmente, el consejero ha precisado que la entrada en vigor del reglamento que desarrolla la Ley, aprobado en Consejo de Gobierno recientemente, supone la culminación de un nuevo marco legislativo sobre sociedades cooperativas, “uno de los más ambiciosos del panorama nacional” y “que nos permitirá desarrollar un modelo cooperativista referente”.

 

En este sentido, ha explicado algunos de los aspectos más relevantes que se engloban en nuevas fórmulas societarias, nuevos aspectos procedimentales y otros elementos de economía procesal.

 

Con respecto a las nuevas fórmulas societarias, algunas de ellas inéditas a nivel mundial, el titular de Economía ha subrayado las cooperativas de impulso empresarial, que permitirán aflorar determinados servicios que se podrían estar prestando en el marco de la economía “no declarada”. Otra fórmula novedosa son las cooperativas de servicios públicos, que suponen la prestación de servicios al ciudadano con la participación del ente público en la gestión. También ha señalado el concepto de ausencia de ánimo de lucro para aquellas cooperativas donde el elemento primordial sea el trabajo, las cooperativas mixtas y las cooperativas de segundo grado o ulterior, o los grupos cooperativos.

“En definitiva, todas estas nuevas fórmulas nos permitirán avanzar en un tejido societario mejor articulado y más sólido en Andalucía”, ha apuntado.

 

Con respecto a los procedimientos de la gestión de cooperativas, ha mencionado el periodo de prueba societario, la libre transmisión de participaciones sociales y la introducción de una regulación exhaustiva de las secciones de crédito, una medida que imprimirá más seguridad y garantías a los socios que depositen fondos en la entidad.

 

En relación a las novedades en elementos de economía procesal, ha añadido la posibilidad de adoptar acuerdos de disolución y liquidación en una misma asamblea, la simplificación de trámites de carácter societario y registral, y la regulación de la incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión societaria.

Fuente: Junta de Andalucía