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Sánchez Rubio resalta la necesidad de defender conjuntamente con la Universidad la inversión pública en educación superior e investigación como forma de progreso

  

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales participará en la formación de estudiantes universitarios de titulaciones como Ingeniería, Informática, Trabajo Social o Psicología, que se suman a las titulaciones sanitarias cuya formación práctica se desarrolla en la sanidad pública andaluza desde hace veinte años. Así lo ha anunciado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en el encuentro mantenido con los rectores de las universidades públicas andaluzas, junto al portavoz de estas instituciones y rector de la Universidad de Córdoba, José Manuel Roldán.

 

Tal y como ha señalado Sánchez Rubio, la formación práctica de estas titulaciones se incluirá en el próximo convenio marco de colaboración entre la Consejería y las universidades andaluzas. Con esta iniciativa, se homogeneizarán los distintos convenios existentes, a nivel provincial, para la realización de prácticas académicas de titulaciones universitarias del ámbito social, psicológico y educativo en centros de servicios sociales y centros de protección de menores.

 

El futuro convenio marco permitirá avanzar en la colaboración que vienen manteniendo las entidades universitarias con la sanidad pública andaluza y que ha permitido formar, desde 1995, a estudiantes universitarios. En esta formación ha resultado fundamental la labor de los profesionales de los centros sanitarios que han desarrollado tutorías clínicas.

 

Actualmente, cerca de 11.000 profesionales ejercen de tutores clínicos y se prevé continuar extendiendo este modelo. En este ámbito destaca también la labor de los profesionales con plaza vinculada.

 

Inversión pública

En el encuentro, Sánchez Rubio ha subrayado la necesidad de luchar unidos por la defensa de la inversión en I+D+i y la educación superior para evitar retrocesos. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha considerado que “esta colaboración es fundamental, puesto que ambas entidades comparten el privilegio de generar conocimiento y formar a profesionales, lo que nos da la capacidad de influir en el rumbo de nuestra sociedad”.

 

En este sentido, la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha recordado que “el 90% de los grupos de investigación activos en Andalucía se encuentra adscrito a la universidad pública”.

 

La consejera ha señalado además el esfuerzo inversor en investigación biomédica que viene realizando la Junta de Andalucía frente a los recortes del Gobierno central. Así, ha subrayado que los Presupuestos de 2014 del Ministerio no cuentan con partidas para investigación sanitaria, a las que sí se destinó en 2011 más de 27 millones de euros.

 

Investigación + innovación

En cambio, Andalucía ha consolidado la apuesta por la investigación mediante la aprobación de Estrategia de I+i en Salud 2014-2018 que supondrá la inversión de más de 66 millones de euros en 2014. Además, en este ejercicio se mantiene la dotación presupuestaria de la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas, los centros de excelencia (Cabimer, Genyo, Bionand o Medina), el proyecto genoma médico o el biobanco en red.

 

En el ámbito de la investigación y la innovación, la colaboración entre la administración sanitaria y las universidades públicas se ha concretado además con la puesta en marcha de los institutos y los centros mixtos de investigación sanitaria, que han contribuido a promover la investigación traslacional y el desarrollo de importantes innovaciones.

 

Además, todas las universidades públicas andaluzas participan en las fundaciones gestoras de la Investigación del sistema sanitario público, que están siendo piezas clave en el impulso de la actividad investigadora en los centros sanitarios, y desarrollan proyectos de investigación relevantes en el ámbito de las ciencias sociales.

 

Respecto a la realización de másteres, Sánchez Rubio ha subrayado la necesidad de que se complementen con las especialidades en Ciencias de la Salud y la posibilidad de implantar un sistema de autorización de los mismos.

 

De otro lado, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha destacado que la accesibilidad a una formación de calidad en Medicina es actualmente completa en Andalucía. Asimismo, ha avanzado que será necesario revisar la demanda actual de profesionales, en colaboración con las universidades, para determinar las medidas oportunas.

 

Otras líneas de colaboración

Finalmente, la consejera ha reconocido las distintas líneas de colaboración que mantienen las universidades con la Consejería en materias diversas como la promoción del envejecimiento activo, a través de las aulas universitarias para mayores o Aulas de la Experiencia. En el curso actual, estas aulas cuentan con cerca de 8.000 matrículas (56.000 desde 2004).

 

En el campo de los derechos de las personas con discapacidad, las matrículas han crecido en la universidad pública andaluza pasando de 1.908 (curso 2010-2011) a 3.558 (2012-2013). Esta cifra se sitúa por delante de comunidades como Cataluña (2.210 matrículas), Valencia (2.022) o Madrid (1.662). Además, todas las universidades andaluzas tienen implantada la exención de pago por matrícula para las personas con discapacidad.

 

Del mismo modo, las universidades están trabajando en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer a través de la creación de las Unidades de Igualdad o el proyecto UNIVERSEM, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, para mejorar las posibilidades de las universitarias en el mercado laboral.

 

Las universidades andaluzas participan además con el Instituto de la Juventud en la promoción del voluntariado, en la promoción del emprendimiento o en el refuerzo de la cultura democrática.

 

En cuanto a la promoción de hábitos saludables, desde 2009 se ha venido conformando la Red Andaluza de Universidades Saludables, que ha sido distinguida en el Primer Concurso Iberoamericano de Buenas Prácticas en este ámbito organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

 

Fuente: Junta de andalucía