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El estudio, realizado por iniciativa de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, ha contado con la colaboración técnica del Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía, entidad promovida por Unicaja y Analistas Económicos de Andalucía (sociedad del Grupo Unicaja).

 

El gasto en I+D+i en Andalucía alcanza en la actualidad el 1,2% de su PIB lo que la sitúa en el quinto lugar en esfuerzo inversor por Comunidad Autónoma a nivel nacional. Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del estudio ‘Nueva economía, Sociedad del Conocimiento e Innovación en Andalucía’, una iniciativa realizada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía con la colaboración técnica del Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía, entidad promovida por Unicaja y Analistas Económicos de Andalucía (sociedad del Grupo Unicaja) y cuyos resultados se han presentado en Málaga.

Este estudio tiene como objetivo principal ofrecer una visión de conjunto sobre la posición de Andalucía en los contextos nacional e internacional en el campo de la Nueva Economía y de la Sociedad del Conocimiento, y su implementación en el tejido productivo de la Comunidad Autónoma.

El acto ha contado con la presencia del secretario general de Economía, Gaspar Llanes, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía quien ha apuntado el esfuerzo realizado en Andalucía en esta materia en la última década, donde el gasto en I+D ha crecido un 218,5%, muy por encima de la media del conjunto de Comunidades Autónomas españolas (155,1%) y cuatro veces el aumento observado en la Zona Euro (52,1%).

Según se refleja en el estudio, la apuesta por la I+D+i, y la internacionalización, como soportes del modelo de crecimiento de la economía andaluza, ha llevado a que, en los últimos años, las exportaciones andaluzas de productos de alta y media-alta tecnología hayan experimentado un fuerte impulso, representando actualmente casi la cuarta parte (22,3%) del total exportado por Andalucía al extranjero, y duplicando el valor que registraban a principios de la década.

Llanes ha resaltado que en el actual contexto de crisis económica de los dos últimos años, el gasto en I+D en Andalucía no ha dejado de crecer, incrementándose un 12,2% de manera acumulada entre 2009 y 2010, a diferencia de lo observado en el conjunto de las Comunidades Autónomas donde se ha reducido un 0,8%.

El esfuerzo inversor en I+D, se ha producido tanto por el sector público como por el privado, si bien este último tiene aún un menor peso relativo en las cifras globales que a escala nacional. De esta forma, mientras que en Andalucía administraciones públicas y universidades realizan casi las dos terceras partes del gasto en I+D, y el sector privado el tercio restante, en España al sector privado corresponde más de la mitad (51,6%).

Así, las empresas en Andalucía han registrado también en la última década un notable aumento del gasto en innovación, que ha crecido un 64,4% entre 2000 y 2010, por encima de la media nacional (58,9%), ocupando actualmente la cuarta posición en el ranking de CC.AA. por volumen de gasto en innovación empresarial.

El informe destaca el avance producido en los últimos años una extensión del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre los diferentes sectores institucionales de la sociedad andaluza, de forma que hoy en día el 96,3% de las empresas andaluzas, al igual que las españolas y europeas, tienen acceso a Internet y casi las dos terceras partes tienen página web (61,7%). Los hogares andaluces también se han incorporado con fuerza al uso de las TIC. En 2011, el 60% tiene acceso a Internet, proporción muy superior a la existente en 2002, que no llegaba al 13%.

En cuanto a las TIC en las Administraciones Públicas, Andalucía se encuentra en una posición de liderazgo entre las Comunidades Autónomas españolas en desarrollo de la Administración electrónica, cuyo objetivo es promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, simplificar los procedimientos administrativos, y contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas.

 

Fuente: Junta de Andalucía