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El proyecto, que proponía nuevas reglas para proteger a los consumidores del fraude y recuperar la calidad, ha recibido numerosas críticas por parte de algunos Estados miembros.

  

Dentro de un amplio plan de acción para el sector, las nuevas reglas propuestas la semana pasada trataban específicamente el etiquetado del aceite de oliva, obligando a precisar la denominación del aceite de oliva y su origen y prohibiendo a los restaurantes la reutilización de botellas.

 

Los ataques al proyecto no se hicieron esperar, ya que los jefes de Estado y de Gobierno de Francia y Países Bajos expresaron sendas críticas en el Consejo Europeo del pasado 22 de mayo. El Primer Ministro británico, David Cameron, incluso ha acusado a la Comisión de injerir inútilmente en un sector en el que no debería actuar, mientras que el ministro alemán de Agricultura ha señalado el despilfarro de embalajes que provocaría este proyecto si se aprobara.

 

La propuesta de la Comisión fue sometida al comité de gestión en la reunión del 14 de mayo, pero no se alcanzó ninguna mayoría. En la votación quince países se han mostrado a favor del proyecto, incluyendo los votos de los grandes productores de oliva europeos (Francia, Italia, España y Portugal), nueve han votado en contra y tres se han abstenido. Ante este resultado, la Comisión ha decidido finalmente retirar su proyecto. El Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha asumido las críticas al proyecto y ha declarado que deben realizarse consultas suplementarias con las partes interesadas, especialmente representantes de productores y consumidores, con el fin de elaborar una mejor propuesta.

 

Precisamente Pekka Pesonen, secretario general de COPA-COGECA, el mayor grupo de presión agrícola que opera a nivel europeo, ha criticado duramente la decisión de la Comisión de retirar una medida que su organización juzga necesaria para mejorar el etiquetado y la calidad del aceite de oliva europeo. Pesonen ha lamentado que la Comisión haya cedido a la presión política de ciertos Estados miembros.

 

Fuente: Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas