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En la fiscalización del VII PM, el Tribunal de Cuentas Europeo examinó si la Comisión había permitido una ejecución eficiente del programa respecto a las normas de participación, si esta había simplificado los procesos sin comprometer la calidad del gasto y si hubo una buena gestión por su parte de los nuevos instrumentos introducidos en el programa.

 

El Séptimo Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración es uno de los instrumentos clave de la Unión para financiar la investigación. Tiene como objetivo fortalecer la competitividad industrial y atender a las necesidades de investigación de otras políticas de la Unión, contribuyendo así a la creación de una sociedad basada en el conocimiento, a partir del Espacio Europeo de Investigación y como complemento de las actividades de nivel nacional y regional. Abarca el período 2007-2013 y su presupuesto total asciende a más de 50.000 millones de euros, la mayor parte utilizado por las direcciones generales de la Comisión o por sus agencias ejecutivas para otorgar subvenciones a los beneficiarios finales.

 

El Tribunal de Cuentas Europeo observó que, pese a que la Comisión introdujo una serie de cambios en las normas de participación que las has simplificado, racionalizando los requisitos y mejorando varios documentos orientativos, esta debe seguir intensificando sus esfuerzos en este aspecto. Los beneficiarios del VII PM aún tienen que afrontar incoherencias en algunos aspectos de las normas de participación.

 

Por otro lado, el TCE ha detectado que, si bien los procesos de la Comisión tienen como objetivo garantizar que la financiación se invierta en investigación de alta calidad; estos no son del todo eficientes. La gestión de los procesos del VII PM por la Comisión es sólida en el diseño de procesos, las actividades de mejora y la información de gestión, pero no así en las herramientas y los recursos. Las actuales herramientas no permiten la ejecución eficiente y existen indicios de que se utilizan demasiados recursos humanos para la aplicación de algunos temas del programa específico “Cooperación” en detrimento de otros.

 

En la fiscalización se señaló también que debían reducirse los plazos de concesión de las subvenciones y fomentar un entorno propicio al eficaz intercambio de buenas prácticas. Respecto a los controles de calidad de la selección y seguimiento de los proyectos estos funcionan en general bien, pero el modelo de control financiero no tiene suficientemente en cuenta el riesgo de errores.

 

El examen realizado por el Tribunal del Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido (IFRC) y de las iniciativas tecnológicas conjuntas (ITC) demostró que ambos instrumentos han satisfecho las necesidades para las que se crearon y en ocasiones han logrado de manera muy satisfactoria atraer a un grupo específico de beneficiarios (como, por ejemplo, las pymes). Sin embargo, la ejecución de la ITC ha sufrido los efectos adversos de un marco jurídico excesivamente complejo, y la Comisión no ha demostrado suficientemente que la financiación suministrada por el Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido dé lugar a inversiones superiores a las que los beneficiarios habrían realizado sin fondos públicos.

 

Basándose en estas observaciones, el Tribunal ha formulado una serie de recomendaciones:

 

- Respecto de las normas de participación, la Comisión debería intensificar sus esfuerzos por garantizar que las prácticas de los beneficiarios pueden utilizarse en Horizonte 2020 y gestionar el VII PM de manera más coherente.

 

- Para reforzar la gestión de los procesos, la Comisión debería implantar herramientas informáticas que integren todas las funcionalidades y examinar los desequilibrios en la carga de trabajo.

 

- Para reducir los plazos de tramitación, la Comisión debería asegurarse de que los procesos se automatizan y se aplican de manera uniforme en todos sus servicios.

 

- La Comisión debería basar más en el riesgo sus controles anteriores y posteriores al pago para concentrar mejor sus esfuerzos de control.

 

- Las autoridades presupuestarias y la Comisión deberían adaptar mejor el marco jurídico de las iniciativas tecnológicas conjuntas a su personal. Para potenciar al máximo el impacto del IFRC, la Comisión debería mejorar su orientación hacia los beneficiarios que tienen un acceso limitado a la financiación.

Fuente: Delegación de la Junta de Andalucia en Bruselas